Es difícil reconocer al Estado legitimidad para resolver el problema desde la legalidad si el aborto se contempla sólo como una cuestión de ideología o creencia, y no como un problema de libertad personal, que incide en la salud de la mujer y tiene una honda repercusión social. Es la posición de la Iglesia y de los llamados grupos provida. Su actitud es admisible como pauta de conducta propia, pero rechazable si pretende imponerse al resto de la sociedad e incluso al propio Estado.
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